Si aprueba Senado todo vuelve al 1 de noviembre

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La votación en Diputados del proyecto que impulsó la oposición sobre tarifas, implica retrotraer los valores de gas y electricidad al 1 de noviembre de 2017. La iniciativa ya no incluirá la reducción del 50% en el IVA para usuarios residenciale ni la disminución del 27% al 21% de ese impuesto para micro, pequeñas y medianas empresas.
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La marcha atrás con el IVA se consideró necesaria para sumar a diputados que siguiendo a los gobernadores de sus provincias, no querían ver afectados los ingresos en sus territorios.

De aprobarse en el Senado, el proyecto significa retrotraer los aumentos puestos en vigencia el 1 de diciembre del año pasado para electricidad y gas, el 1 de febrero para electricidad y el 1 de abril para el gas. De este modo, las tarifas resultarían iguales a las del invierno pasado en el caso de los dos servicios, con una disminución del 80% al 100% sobre los cuadros tarifarios actuales.

El proyecto implica postergar las dos últimas etapas de la revisión tarifaria integral para transportistas y distribuidoras de gas, que se aplicó en tres partes con compensación por el diferimiento. Esto no tiene costo fiscal porque se recompusieran los ingresos de esas firmas para el período 2017-2021 para que obtuvieran una ganancia del 12% a 13% y concretaran planes de obras en el quinquenio.

Si la decisión se convierte en ley y no es vetada, el Gobierno tendría la opción de diferir nuevamente las dos etapas de la revisión tarifaria, o rediseñar los planes de obras, aunque también volverá a ponerse sobre la mesa si era necesario volver con tanta estrictez, como lo hizo el ministro Juan José Aranguren, a los marcos regulatorios de la década del 90.

En la sesión de ayer, volvió a decirse lo que siempre se afirma en las audiencias públicas en el sentido de que los consumidores no pueden financiar las obras de las empresas y que éstas además obtengan fuertes ganancias y repartan dividendos.

El otro aspecto del proyecto que se aprobaba anoche es la marcha atrás con los aumentos en el precio mayorista de la energía y en el valor el gas en boca de pozo. Esto en realidad, tampoco debería tener costo fiscal, porque esos precios fueron fijados según un sendero que va en ascenso hasta que confluyan con los precios de importación del gas, y del fuel oil y gasoil para generar electricidad en invierno.

Hoy el Gobierno postergó para 2019 los pagos por el Plan Gas de estímulo a la producción que ya no está vigente, y le quedan para subsidiar este año el precio preferencial garantizado a lo extraído de formaciones no convencionales. Por otra parte, habría que saber cuánto recauda el Estado sobre lo que se cobra en tarifas, y cuánto corresponde a las petroleras por el gas y a las generadoras eléctricas, punto que no se respondió en las audiencias públicas.

Lo que si tendrá costo fiscal es el cambio que la oposición esperaba conseguir anoche para la tarifa social, porque la iniciativa de la oposición planteaba en principio aumentar el universo de alcanzados al incorporar a los jubilados y asalariados que perciben hasta tres salarios mínimos, mientras hasta ahora solo llega a los que perciben dos salarios mínimos.

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