Funcionarios Judiciales contra la baja de edad de imputabilidad

Política 09 de enero de 2019 Por
Desde la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF) en la que el Asesor de Incapaces de Trenque Lauquen, Rómulo Lito Abregú es el Prosecretario, se pronunció en contra de la medida.
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Desde la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF) en la que el Asesor de Incapaces de Trenque Lauquen, Rómulo Lito Abregú es el Prosecretario, se pronunció en contra de la medida que impulsa el gobierno nacional para juzgar a menores desde los 15 años por algunos delitos.

Este es el texto: “Desde la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), hemos tomado conocimiento -por los medios masivos de comunicación de la intención del Poder Ejecutivo de la Nación de enviar -a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional- el proyecto de ley sobre el sistema de responsabilidad penal juvenil, que contemplaría la baja de edad de punibilidad de 16 a 15 años.

Esta Asociación, ya se pronunció en contra en enero de 2017, a través de un comunicado en el cual sostuvo: “No pareciera razonable que en un año electoral, y que para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática, baste reducir la edad de punibilidad de los chicos y aumentar las penas para determinados delitos, sin garantizar el cumplimiento por parte del Estado Nacional, de las Provincias, de la Ciudad de Buenos Aires, y de los Municipios, del sistema de protección integral de derechos de la niñez, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales (alimentación, salud, educación, vivienda, familia, entre otros)”.

En aquella ocasión, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos difundió que el 26% de los delitos era cometido por adolescentes menores de 18 años tomando como base las cifras del Sistema Nacional de Información Criminal. Recuérdese que dicho Sistema registra solamente “denuncias”, en “sede policial”, con “posible” autor identificado, sin discriminar adolescentes punibles (16 y 17) de no punibles (menos de 16), y sin la apertura de causa judicial, por lo que no puede tenerse por comprobado fehacientemente el hecho y la autoría. De allí que las cifras carecían de certeza para elaborar una política legislativa, como lo expresó oportunamente esta Asociación.

Mediante la Resolución 21/17 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se creó la “Comisión de Trabajo para un Nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”, y miembros de esta Asociación participaron en las distintas reuniones respecto de diferentes ejes temáticos. De la propia página web de dicho Ministerio surge que en la Mesa 8 (Definición de imputabilidad de los jóvenes menores de edad) se concluyó (23 de febrero de 2017): “Con amplia mayoría, los participantes se pronunciaron por mantener la edad de imputabilidad en dieciséis años, por entender que una baja afecta el principio de mínima intervención y de última ratio, viola el principio de progresividad y no regresividad en materia de Derechos Humanos”.

La reforma del sistema de responsabilidad penal juvenil no puede darse sin advertir la vulneración actual de los derechos económicos, sociales y culturales en que vive la infancia y la adolescencia de la República Argentina, donde el 48% de los niños, niñas y adolescentes en Argentina es pobre según un estudio de UNICEF que mide la pobreza multidimensional, una metodología que toma en cuenta diferentes dimensiones desde el acceso a una vivienda adecuada de los niños hasta la escolaridad.

De ese 48%, 20 puntos porcentuales corresponden a privaciones “severas” como vivir en una zona inundable y cerca de un basural o no haber ido nunca a la escuela entre los 7 y los 17 años.

La actividad estatal no puede reducirse solamente a lograr una reforma de legislación penal que tenga como eje central la baja de la edad de punibilidad, con la intención de dar una respuesta demagógica y punitiva al tema de la seguridad ciudadana.

Y sin atender centralmente, a los derechos sociales de la infancia, cuyo aseguramiento financiero estatal se ha visto recortado en educación, protección integral, y salud -entre otros derechos- a la luz del presupuesto nacional aprobado para el ejercicio 20195.

No se advierte que un importante porcentaje de adolescentes infractores a la ley penal son pobres, varones en su mayoría, que el mayor porcentaje ha cometido delitos contra la propiedad, que cuentan con fuerte déficit en la escolarización, y que provienen de familias desintegradas, con adultos de baja calificación laboral.

El Poder Ejecutivo no ha presentado su actual proyecto de ley ya que los anuncios mediáticos no condicen con lo publicado en página web ministerial, y desoye las conclusiones de las reuniones participativas en el marco de la Comisión de Trabajo ministerial. No ha brindado tampoco datos estadísticos serios que contradigan los publicados por los órganos administrativos y jurisdiccionales especializados. No ha indicado cuál será el costo para poner en funcionamiento la nueva estructura que impondrá la reforma (recursos humanos y materiales), con nuevos magistrados especializados en todo el país, y la adecuación de los organismos administrativos.

Podemos afirmar que la reforma no reducirá por sí misma la cantidad de delitos cometidos por adolescentes, y menos los índices de la inseguridad. A lo sumo, se modificará la normativa para establecer cambios en el debido proceso del sistema penal juvenil para adolescentes punibles, debiendo cumplirse con los párrafos 43 y 44 (Administración de la Justicia Juvenil) de las Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de la Argentina, aprobadas por el Comité de los Derechos del Niño (ONU) en su 78º período de sesiones (14 de mayo a 1 de junio de 2018).

En este contexto social, la AJUNAF se opone a la baja de la edad de punibilidad, sin que previamente se introduzcan por parte del Poder Ejecutivo Nacional, y de los poderes ejecutivos provinciales y municipales, políticas públicas debidamente financiadas, destinadas a mejorar y asegurar la calidad de vida -efectividad de derechos económicos, sociales y culturales- de toda la infancia y la adolescencia”.

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